ARTICULO 47 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO «NULIDAD DE PLENO DERECHO»

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

   1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

   2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

   3. Los que tengan un contenido imposible.

   4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

   5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

   6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

   7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

ARTICULO 48 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO «ANULABILIDAD»

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

ARTICULO 115 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO «INTERPOSICIÓN DE RECURSO»

• La interposición del recurso deberá expresar:

  1. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

  2. El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

  3. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

  4. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

  5. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

• El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

• Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

ARTICULO 34 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO «PRODUCCIÓN Y CONTENIDO»

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.